Democracia en crisis

La crisis económica y sistémica en que estamos inmersos los países de la Unión Europea, y el desprestigio de la “política” y de los “políticos” que cada vez es asumido por más y más ciudadanos, está llevando a muchos de ellos a plantearse la duda sobre si el sistema democrático está en crisis, e incluso si no ha llegado el momento de sustituirlo por otro. Pero la pregunta del millón es ¿por cuál?


La democracia parlamentaria o representativa, por muy necesaria que sea, se muestra hoy en día insuficiente, y es preciso reconocerlo así en el momento en que corre el peligro de desvirtuarse, de provocar el distanciamiento, la desafección o el desinterés de los ciudadanos, o se manifiesta incapaz de afrontar los grandes desafíos del mundo globalizado.

Ante esta situación, aparece cada vez con más fuerza el concepto de democracia participativa, como el modelo capaz de producir y provocar una regeneración de la política y de los políticos que han de servir a la comunidad. Pero esta democracia participativa, pese a sus indudables virtudes para revitalizar el espíritu comunitario, la solidaridad y el civismo, también representa algunos peligros como la escasa representatividad o "el liderazgo de hecho por parte de aquellos que tienen el vicio de apoderarse de la palabra" (Edgar Morin).

En este mismo sentido de los riesgos y peligros que se deben tener en cuenta a la hora de plantearse la democracia representativa, Giovanni Sartori, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2005, advierte sobre el alcance que debe tener la democracia participativa, pues puede llevar al desbordamiento de la democracia representativa, tratando de sustituirla por una democracia “directa o más auténtica”. Este planteamiento, una de las mayores amenazas que acechan a los sistemas democráticos, sería el de los “perfeccionistas” que reclaman la vigencia de la "verdadera democracia", y que a finales de los años sesenta del siglo XX, desarrollaron la idea, infantil y peligrosa, de proponer un modelo de "ciudadano que vive para servir a la democracia en lugar de una democracia que existe para servir al ciudadano". A los integrantes de este modelo solo parece interesarlos el asamblearismo que permite a pequeños grupos de activistas apoderarse de la palabra, convirtiéndose en vanguardias dirigentes de las masas.

Frente a estos riesgos, el republicanismo cívico dio origen al concepto de “ciudadanía participativa” como servicio desinteresado al Estado, como contrapunto vigente aún en nuestros días, a la “ciudadanía liberal”, centrada en la exclusiva defensa de un estatuto de derechos y ventajas privadas e individuales. Igualmente, en le última mitad del siglo XX, surgieron cada vez con más con fuerza las exigencias de participación de los ciudadanos en consultas o en órganos colegiados de intervención diversos, como vecinos de barrios y ciudades, consumidores, usuarios de servicios públicos, administrados, trabajadores, funcionarios, o de activistas de organizaciones no gubernamentales, decididos a ser escuchados y a colaborar en la realización de fines de interés general. Nuestra propia Constitución de 1978 recoge este concepto de democracia participativa en algunos de sus preceptos. Un ejemplo claro de esto es el artículo 27 referido a la educación, que en su apartado 7, reconoce a la comunidad escolar el derecho a intervenir en “el control y en la gestión" de los centros públicamente financiados y en la programación general de la enseñanza. (1)

Hoy, la deteriorada salud de la democracia representativa, el descrédito de quienes la protagonizan y la desafección de muchos ciudadanos que tienen la sensación creciente de ser ignorados y también expropiados arbitrariamente de algunos de sus derechos sociales y políticos contribuyen al empobrecimiento ante la opinión pública del elemento vital de sustentación de todo régimen democrático, que es la soberanía popular. Por ello es legítimo plantear que la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y de interés colectivo puede contribuir a la revitalización del sistema democrático en su conjunto y a la recuperación, tan necesaria, de la política; especialmente si consideramos que la democracia, además de ser un sistema de gobierno y un procedimiento formalizado para la elección de representantes y gobernantes, es también una forma de vida y un logro de civilización, pero no sólo de la heredada de la Grecia clásica, sino especialmente la que debiera considerarse propia del presunto triunfo global de la democracia en el siglo XXI.

Como alternativa complementaria, y no sustitutiva, de la democracia parlamentaria y representativa, la democracia participativa debe construir un permanente diálogo civil entre los poderes públicos y los ciudadanos constituidos no como asambleas entregadas a la espontaneidad y a la improvisación. Al contrario, nos debe llevar, en primer lugar, a una mayor y más ordenada frecuencia de consultas populares, a nivel local, regional, sectorial o nacional, para garantizar el consentimiento explícito de los ciudadanos sobre muchas decisiones importantes de los poderes públicos que les afectan, pero que habitualmente les son sustraídas.

En segundo lugar, el diálogo civil debe establecerse como una tarea permanente, reconocida y ordenada entre los poderes públicos y otras entidades cívicas y representativas que conforman lo que viene denominándose la "sociedad civil organizada". Se trataría con todo ello de dotar de un mayor grado de legitimidad y aceptación a muchas e importantes decisiones de las Administraciones y poderes públicos, sin que por ello la atribución competencial que les corresponda deba ser cuestionada.

Porque la democracia participativa no deber perseguir la sustitución de la democracia representativa, sino que debe configurarse como un estímulo y un procedimiento complementario para conseguir la mayor efectividad de la cultura democrática en su conjunto.

Pero también es necesario e imprescindible que estos planteamientos de participación y de activismo democrático, sean asumidos por las organizaciones que constitucionalmente tienen atribuida la misión de expresar el pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser el instrumento fundamental [no el único] para la participación política: los partidos políticos. Si estos no lo asumen, corren el riesgo cierto de ser barridos por el pueblo al que deben representar, y ser sustituidos por el primer “populista iluminado” que, como la historia ha demostrado en variadas ocasiones, nos conduciría al “fascismo”. Y los partidos políticos de izquierdas y progresistas, deberían ser los más interesados en que esto no ocurra.

Si esta “crisis” que, como afirmé al principio, es tanto económica como sistémica, sirve para que salga fortalecido el sistema democrático, haciéndolo más participativo, algo bueno habremos sacado de ella.



(1)Por cierto, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOCME) de los señores Rajoy y Wert, pretende eliminar de un plumazo este principio consagrado en nuestra Constitución.