Programas incumplidos o estafa electoral

La "democracia representativa" es el menos malo de los sistemas de gobierno que de momento se conocen. Mediante este sistema, el pueblo (demos) ostenta el poder (kratos) ejerciendo su soberanía mediante representantes políticos elegidos de forma periódica por el procedimiento de elección universal, directa y secreta. En las modernas democracias burguesas occidentales, estos representantes están encuadrados en partidos políticos, y se presentan ante los ciudadanos con distintos programas electorales que, se supone, van a constituir su línea de actuación en el gobierno, en el caso de que el pueblo les elija para ejercerlo. La ciencia política ha desarrollado diversos procedimientos para trasladar el voto de los ciudadanos al número de parlamentarios de cada una de las formaciones políticas.
En concreto, en España, esta traslación se hace mediante un procedimiento matemático conocido como Sistema D'Hont, corregido mediante unos porcentajes de exclusión que tienen como objetivo teórico evitar la excesiva atomización de las cámaras legislativas, y que en la práctica favorece a los grandes partidos, o a los pequeños que se presentan solamente en un limitado número de circunscripciones electorales.

Mediante este sistema, que tiene sus defectos pero que es el que de momento está establecido en nuestra Constitución de 1978 y en las subsiguientes leyes electorales que la desarrollan, hace escasamente un año el Partido Popular, con don Mariano Rajoy como "cabeza de cartel", fue elegido por los españoles para gobernar el país con "mayoría absoluta".
Este partido, que en la sociedad española representa a una amplia gama del espectro político que va desde el centro hasta la extrema derecha, se presentó a las elecciones con un programa electoral bastante ambiguo en cuanto a los contenidos, y muy abstruso en cuanto a las formas, de modo que no había manera de saber exactamente y con claridad que es lo que iban a hacer en el caso de ganar las elecciones.

A pesar de este "ocultismo electoral", a lo largo de la campaña, y en el único debate entre los dos principales candidatos, se pudieron ir conociendo algunos aspectos del mismo. Sobre todo, algunas de las que el señor Rajoy llamó "líneas rojas" y que, según afirmó con esa rotundidad y solemnidad que caracteriza a los dirigentes de la derecha española, "jamas traspasaría":
Nunca subiría impuestos, y no se tocarían ni la educación, ni la sanidad, ni las pensiones.

¡JODER CON LAS LÍNEAS ROJAS!

Respecto a los impuestos, en menos de un año, ha incrementado el IRPF y el IVA.
En educación, se ha cargado la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, ha modificado la ratio profesor alumnos, se ha cargado a un montón de profesores interinos, ha incrementado el número de horas al profesorado y les ha bajado el sueldo a los docentes de la escuela pública. Y no se sabe que van a hacer con el cuarto curso de ESO.
En sanidad, también ha disminuido personal y les ha reducido el salario, y ha excluido de un plumazo a un gran número de beneficiarios del sistema público de sanidad, cargándose el principio de universalidad del mismo; y su ministro de justicia, el otrora representante del sector "progresista del PP" (si es que hay un sector progresista) señor Gallardón, la tiene tomada con la legislación sobre el aborto, y veremos en que termina.
Solamente le quedan las pensiones, y ¡veremos qué pasa antes del 31 de diciembre!
Si en una democracia representativa como la nuestra, los programas electorales con los que los partidos se presentan ante los ciudadanos periódicamente, se pueden considerar un "contrato verbal" entre estos y sus representantes democráticamente elegidos, lo ocurrido durante este año se puede considerar una auténtica "estafa electoral". En el ámbito civil, las estafas o los incumplimientos de contratos, se resuelven en los tribunales de justicia. En el político, se resuelven en las urnas.

En conclusión, si queremos que nuestro sistema político sea en verdad democrático; si no queremos que los ciudadanos cada día se alejen más de la "cosa pública" y se incremente peligrosamente la sensación de que la "política" no sirve para resolver los problemas del pueblo al que se debe, el señor Rajoy debería disolver las cámaras y convocar elecciones, presentándose ante los electores con un programa electoral que contenga lo que de verdad pretende hacer con este país.