La libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Miguel de Cervantes

viernes, 25 de diciembre de 2009

¿Es la política un problema?

Según el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la clase política, el gobierno, los políticos y los partidos políticos, ocupan el tercer lugar entre los problemas de los españoles, con un valor acumulado del 20,2% (16,6% para la clase política y los partidos políticos, y 3,6% para el gobierno, los políticos y los partidos). Solamente consideran los españoles un problema superior a nuestra clase política la economía, con el 45,9%, y el paro, con el 78,4%.
Absolutamente terrorífico, pero cierto. Los españoles consideran mayor problema “la política” que la inmigración (13,7%), el terrorismo (13,1%), la inseguridad ciudadana (11,4%), la corrupción y el fraude (10,4%) o la vivienda (10,3%). Otros muchos problemas lo son con porcentajes inferiores al 10%.
Aunque estas cifras debemos matizarlas con las respuestas que dan los encuestados cuando se les pregunta por lo que a ellos personalmente les afecta como problema. Ante esta pregunta, el paro y la economía siguen en cabeza y destacados (42,4% y 36,9% respectivamente), y “la política” baja hasta el 5º puesto, superado por la vivienda y la inseguridad ciudadana; pero sigue por delante de temas como la calidad en el empleo, la sanidad, las pensiones…
A pesar de estas matizaciones, podemos responder a la pregunta que sirve de titular para estas reflexiones que SÍ, que “la política” es uno de los principales problemas para una gran parte de españoles.
¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Quién o quiénes son los responsables de haber llegado a esta situación? ¿Qué es lo que hemos hecho mal para que tras algo más de 30 años de funcionamiento democrático los políticos y la política estén tan desprestigiados?
Como en todas las cuestiones complejas, y esta lo es, las respuestas a estas preguntas nunca son únicas ni sencillas.
Es más que probable que algo tenga que ver en esta situación de desprestigio de la política el interés de determinados sectores de la derecha más reaccionaria y antidemocrática que, apoyados en algunos medios de comunicación, llevan años orquestando una campaña dirigida a conseguir este desprestigio, desde su faceta más fascista que añora tiempos mejores en los que un iluminado y elegido por Dios, se erija en salvador de la patria y nos guíe de nuevo “por el imperio hacia Dios”.
Pero esta campaña no habría tenido éxito si no es porque, otros sectores de una derecha aparentemente más democrática, que creen que el aforismo de “cuanto peor mejor” es válido siempre y en cualquier circunstancia, no les hubieran seguido el juego a los nostálgicos del fascismo. Puede que cuando se den cuenta de su error, sea demasiado tarde, también para ellos.
De todos es conocido que cuando la política se desprestigia, quien paga el pato es principalmente la izquierda, ya que muchos de los votantes de derechas se consideran a sí mismos como “apolíticos”.
Ahora bien. Dicho lo anterior, para que esta situación haya calado de tal manera en nuestra sociedad ha sido necesaria la “colaboración”, seguramente por defecto, de los restantes partidos políticos y, en particular de los partidos de izquierdas y progresistas.
Según el mismo barómetro del CIS, España es un país de centro-izquierda. En una escala que va desde el 1, izquierda, hasta el 10, derecha, los españoles se sitúan escorados hacia la izquierda. Entre el 1 y el 4 (izquierda), se ubica el 33,4% de los encuestados, y solamente el 12,1% se sitúa entre el 7 y el 10 (derecha). El 32,6% se considera entre 5 y 6 (centro).
Si esto es así, ¿qué han hecho mal los partidos de izquierdas? ¿Cómo han podido permitir que se instale la desafección política entre unos ciudadanos que se consideran a sí mismos de centro-izquierda?
Seguramente esta pregunta tiene también muchas respuestas.
Una de ellas puede ser la falta de soluciones de la izquierda mundial ante la crisis económica. Las recetas para salir de ella están viniendo de los mismos poderes económicos y políticos que la generaron. Y es probable que la superemos, pero nos encontraremos en la misma situación que antes de la misma. No ha habido, por parte de la izquierda, ni una sola propuesta encaminada a cambiar el orden económico mundial que nos sumergió en la peor crisis de los últimos años.
En España, el gobierno del PSOE se ha limitado, y no es poco, a garantizar que durante la crisis no se pierdan derechos sociales de los trabajadores, y a que no sean ellos los paganos de la misma. Pero ni una sola propuesta encaminada a la modificación del modelo económico que nos llevó a la crisis.
Ante los grandes problemas que se ciernen sobre el planeta en estos primeros años del siglo XXI, como la crisis energética o los problemas del calentamiento global, la izquierda aparece desdibujada y sin proyectos alternativos. Han tenido que ser los movimientos ecologistas y antiglobalización quienes lideren las posturas más exigentes en la reciente cumbre de Copenhague.
¿Alguien sabría decirme en que se diferencian las posturas de la derecha y de la izquierda mundial ante las guerras que asolan ciertas partes del mundo? ¿O ante la crisis de los alimentos en África? ¿Y ante los grandes movimientos migratorios que la misma va a provocar en los próximos años?
Más pegados a nuestro territorio, ¿dónde ha quedado el papel de la izquierda como articuladora del país y equilibradora de las desigualdades territoriales? Los alcaldes y responsables autonómicos del PSOE, al igual que los del PP o de cualquier otro partido sea o no nacionalista, han perdido la perspectiva de conjunto. La única reivindicación políticamente correcta, jaleada por los medios de comunicación y aparentemente rentable desde el punto de vista electoral es la que está teñida de territorialidad y “nacionalismo”; y esto vale tanto para las comunidades “históricas” como para las “otras”. Parece que la consigna que predomina entre los dirigentes autonómicos, sean del signo político que sean, es el “sálvese quien pueda”.
Ya sé que la derecha, desde siempre, ha primado más la “tierra” que al “hombre”. Pero la izquierda no. Ahora parece que esta también ha perdido la perspectiva del hombre en sus planteamientos políticos y la ha sustituido por la perspectiva del territorio.
Los interese que merece la pena defender son los de las personas, no los de los territorios. Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que yo tengo más intereses comunes con un maestro andaluz, catalán o danés, que con un empresario o terrateniente castellano.
O los partidos políticos, y principalmente los de izquierdas, toman conciencia de la situación y emprenden acciones decididas para cambiarla, o nuestro sistema democrático será una democracia devaluada.
La izquierda debe abrirse a los movimientos ecologistas y antiglobalización, a los pacifistas y a los jóvenes que participan activamente en la acción solidaria de la ONGs; debemos establecer con todos ellos un diálogo abierto y sincero que permita la incorporación de sus ideales a nuestros planteamientos políticos.
La izquierda política debe ofrecer soluciones claramente diferenciadas de las de la derecha para salir de esta crisis, y cambiar el modelo económico mundial. Debemos debatir y ofrecer posiciones claras y diferenciadas sobre los nuevos retos que se plantean en el mundo: escasez de energía y alimentos, enfermedades y pandemias, escasez de agua, grandes movimientos migratorios, interculturalidad, etc.
La sociedad española considera a los políticos y a la política como un mundo cerrado y endogámico, lleno de turbios manejos y de luchas por el poder, que tiene como único objetivo mantenerse en el mismo o arrebatárselo a los rivales.
El techo y las paredes de las administraciones públicas y de los partidos políticos debe ser de “cristal”, y cuanto más trasparente, mejor; sus cuentas, públicas y fácilmente accesibles para los ciudadanos.
El ejercicio de un cargo público debe ser absolutamente incompatible con cualquier actividad profesional o empresarial. Los registros de bienes e intereses de los políticos deben estar a disposición de los ciudadanos para su consulta de forma lo más simple posible, lo mismo que “todas” las percepciones económicas que tengan asignadas mientras los desempeñen.
La reacciones ante los casos de corrupción deben ser fulminantes y ejemplarizantes, y no utilizar el “y tú más” como disculpa para la ausencia de decisiones.
En fin, los partidos políticos, “instrumento fundamental para la participación política” (CE, artículo 6º), tienen que tomarse este asunto en serio y reaccionar o, en caso contrario, la participación política de la sociedad se verá gravemente dañada y con ella, la democracia.

miércoles, 23 de diciembre de 2009

¿Algo huele a podrido en España?

Cuando en el diálogo de Marcelo, en el acto I de Hamlet el drama de William Shakespeare, el fiel guardián de palacio insistía a Hamlet y Horacio en que Dinamarca estaba ya podrida, es porque intuía que las cosas no iban bien, no sólo en su país ("something is rotten in the state of Denmark") sino en el palacio que él mismo custodiaba.

Muchos españoles de hoy, al igual que en la Dinamarca del siglo XII, afirman que algo huele a podrido, y otros muchos se preguntan si ese “algo” es más bien “mucho”.
Al finalizar este año 2009, que en la percepción de muchos ciudadanos es el año de las grandes tramas corruptas, me parece necesario hacer algunas reflexiones al respecto.
Hagamos algunos números previos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 8.111 municipios, que gobiernan el mismo número de alcaldes o alcaldesas, acompañados en esta responsabilidad por 65.347 concejales y concejalas, algunos de los cuales, en concreto 1.036, son así mismo diputados provinciales.
Consultando las páginas web de cada una de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, podemos comprobar que hay 19 presidentes y 214 consejeros o responsables de departamentos de gobierno, a los que habría que sumar otro número ligeramente superior de altos cargos políticos de cada uno de esos departamentos, que podríamos fijar aproximadamente en alrededor de otras 1000 personas.
El gobierno de España está formado por el Presidente, 3 vicepresidentes y 14 ministros o ministras, que con los responsables políticos de segundo y tercer nivel nos puede dar una cifra de 250.
La suma de todos estos cargos, que podríamos considerar “ejecutivos”, con las notables diferencias existentes entre un concejal del más pequeño municipio de España y el más poderoso consejero de alguna de las comunidades autónomas más ricas del país, nos da una cifra cercana a 67.000. Si a estos cargos ejecutivos, añadimos los legislativos del estado, comunidades y ciudades autónomas, cabildos, territorios históricos y otros, que suman según el INE otros casi 2.500, estaríamos hablando de casi 70.000 españoles y españolas dedicados de una u otra manera a la “política”.
Sigamos con números. El Fiscal General del estado informaba a mediados del pasado mes de noviembre, que en España había en ese momento 730 causas abiertas por corrupción, sumando los procedimientos judiciales y las diligencias de investigación. En esas causas, junto a un número elevado de representantes de empresas y negocios, están incursos algo menos de 1000 responsables políticos.
Si consideramos que en el mundo judicial se considera que los casos que se llegan a investigar suponen en torno al 30 % de los existentes, podemos afirmar que alrededor de 3.300 políticos pueden estar actuando de forma corrupta en el desempeño de sus cargos. Es decir que menos del 5% de los casi 70.000 políticos, pueden ser corruptos.
¿Puede ese 5% de posibles corruptos desprestigiar la fama y el honor del restante 95% de ciudadanos y ciudadanas que se dedican con honestidad a la “cosa pública”?
Yo pienso honestamente que no. Puedo afirmar que conozco personalmente a cientos de concejales y alcaldes que se dedican con honradez a gestionar lo mejor que saben y pueden sus municipios y que, en muchos casos, lo hacen sin recibir nada a cambio, e incluso, costándoles tiempo y dinero.
Pero es que, además, esto solamente es una parte de la “cuestión”. Para que exista corrupción se necesitan dos actores: el corrupto y el “corruptor”. Y es que en toda esta polémica, la mayor parte de las veces nos olvidamos que para que haya políticos corruptos es necesario que existan ciudadanos, generalmente pertenecientes al mundo de los negocios, que también lo sean.
Este último “considerando” nos lleva irremediablemente al aspecto más polémico del problema de la corrupción, y que nos llevaría a hacer la misma reflexión que hace Marcelo en la obra de Shakespeare: "something is rotten in the state of Spain”.
Yo personalmente prefiero mantenerme en la duda, y plantearme la pregunta ¿es España un país corrupto? Y para contestarme tengo que, como en el juego, pedir que primero definamos “corrupción”.
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, entre las acepciones de la palabra corrupción están: 1. Acción y efecto de corromper; y 2. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Y según el mismo diccionario, corromper en su tercera acepción significa “sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Podemos deducir por tanto que, en sentido estricto, solamente puede ser corrupto el político o el funcionario.
Ahora bien, en un sentido más amplio, es muy normal utilizar los términos corrupción, corrupto o corruptela, referidos a la actuación de las personas que lo hacen con “falta de honradez”, sean estas o no funcionarios.
Aclarado el aspecto semántico de la cuestión, me gustaría hacer algunas preguntas por si alguien tiene las respuestas.
¿No actuamos con “falta de honradez” cuando compramos un DVD en el “top manta”? ¿O cuando nos bajamos música gratis de internet? ¿No es “falta de honradez” pagar obras o servicios sin factura y por lo tanto sin IVA? ¿No es “falta de honradez” contratar para una “chapuza” a un parado que está cobrando la prestación? ¿Y tener a la empleada del hogar sin asegurar? ¿Quién no ha “mentido” sobre la edad de su hijo para que entre gratis o con descuento? ¿Qué acción es “menos” honesta, que un concejal admita el regalo de una entrada para el partido del equipo local, o que nosotros le dejemos nuestro carnet de socio a un amigo para que vea gratis el partido?
Miles y miles de “pequeñas corrupciones” como estas se cometen diariamente en nuestro país sin que nadie estigmatice socialmente a sus autores.
¿No será este un perfecto caldo de cultivo para esas otras “grandes corrupciones” con las que nos obsequia nuestra clase política?
No debemos olvidar que, al fin y al cabo, en una democracia los “políticos” antes de serlo fueron unos ciudadanos normales y corrientes que, a lo peor, también actuaron con esa “falta de honradez”.

domingo, 13 de diciembre de 2009

Añorando la “inquisición”

Con el pretexto “oficial” de presentar la “Declaración ante la crisis moral y económica” aprobada en la última Asamblea plenaria del episcopado español, el obispo y jesuita Juan Antonio Martínez Camino, mano derecha y portavoz del cardenal Rouco, nos ha obsequiado con algunas perlas que, si no fuera por lo que en el fondo significan, servirían de inspiración a humoristas y chistosos durante muchos días.
Monseñor Martínez Camino, sin la menor alteración de ese “rostro feliz del que acaba de comerse un codillo” (Manuel Vicent en EL PAÍS. 13-12-2009) y que cada vez me recuerda más a Tomás de Torquemada, se ha despachado con la siguiente reflexión: el aborto no sólo es un “pecado grave” sino que debería ser considerado un “delito” que lesiona la moral y “el mandamiento de no matarás”. Y a continuación se pregunta: “¿Puede alguna legislación civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?”
¿Qué pasa Monseñor? ¿Añoramos épocas pasadas?
El sector dominante de la jerarquía católica española parece añorar épocas pasadas, unas muy “pasadas” y otras no tanto, en las que las leyes que se aplicaban a los españoles, fueran o no cristianos católicos, las dictaban los obispos.
Por desgracia para esta España de nuestros dolores, prácticamente desde que a finales del siglo XV, en 1478, los Reyes Católicos crearon la institución del “Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición” que estuvo oficialmente vigente hasta que en 1834, durante el reinado de Isabel II, se abolió definitivamente, y más recientemente durante los 40 años de dictadura del general Franco, las leyes de este país han sido dictadas y ejecutadas bajo la dirección “espiritual” de los jerarcas de la Iglesia católica de cada momento histórico.
Aunque la “inquisición” nos queda a todos un poco lejos, muchos españolitos de a píe recordamos perfectamente cuando el no ir a misa un domingo, cosa pecaminosa según el tercer mandamiento, “santificarás las fiestas”, era motivo para la intervención de la “autoridad gubernativa” que te podía sancionar con la correspondiente multa. O cuando la homosexualidad, pecado contra el sexto mandamiento, era castigada con la cárcel. Y que me dicen de los cartelitos en algunos lugares públicos con la advertencia de “prohibido blasfemar, bajo multa de …. Pesetas”. Y de las multas a los bares que no cerraban en los “sagrados días” de la semana santa.
En fin, a monseñor Martínez Camino se le ha visto por fin el plumero. Yo creo que él mismo se dio cuenta de lo que estaba dejando ver y trató de arreglarlo diciendo que “no todo lo que es pecado, tiene que ser delito”. ¡Faltaría más!
¿Quieren Rouco Varela y Martínez Camino que la homosexualidad sea de nuevo delito? ¿Solo la homosexualidad o también vivir en pareja heterosexual en pecado al no estar casados por la iglesia? ¿Quieren que sea delito masturbarse? ¿Tener fantasías sexuales con el vecino o la vecina, con el compañero o la compañera, nos debe llevar a la cárcel? ¿Blasfemar? ¿No ir a misa los domingos y fiestas de guardar? ¿Divorciarse y volverse a casar?
Si la jerarquía católica más reaccionaria y conservadora quiere que “algunos” mandamientos sean delito, yo les sugiero que lo sean el octavo, “no darás falso testimonio ni mentirás”, y el décimo, “no codiciarás los bienes ajenos”, y que empiecen por aplicárselos a algunos empresarios y políticos actuales que todos tenemos en mente a los que vemos con demasiada asiduidad fotografiándose al lado de altas jerarquías de la Iglesia y a los que, desde luego, no he oído que les hayan prohibido la comunión.
Gracias a la Constitución española de 1978, a la que por cierto apoyaron y ayudaron a concebir muchos cristianos y algunos obispos católicos, que establece la libertad de expresión y la libertad religiosa como algunos de los derechos fundamentales, los actuales jerarcas del catolicismo español pueden y deben decir lo que crean más conveniente, pueden organizar todas las manifestaciones que les parezca oportuno, pueden negar la comunión y sus restantes sacramentos a quien lo crean necesario, pero lo que de ninguna manera pueden hacer es dictar el Código Penal, ni el Civil, ni ninguna norma de las que regulan la convivencia y la vida de todos los españoles, sean cristianos, católicos, judíos, islámicos, ateos o agnósticos. ¡Faltara más!
En el fondo de sus corazones, algunos obispos de la iglesia católica lo que tienen es una “envidia insana” de aquellos países que se rigen en sus normas legales por preceptos religiosos, sean estos la Sharía o la Torá.

martes, 1 de diciembre de 2009

De nuevo en la brecha

Desde mediados de junio he tenido mi blog abandonado y mudo.
A un fin de curso ajetreado, ¡al fin he dejado la Jefatura de Estudios!, y un verano con una primera parte extraordinaria, las vacaciones por el Canal del Midi, y un final para olvidar, el fallecimiento de mi suegro, se ha unido un otoño dedicado íntegramente al Canal de Castilla, de tal manera que “ni tiempo he tenido” de ocuparme de mis blogs.
Pero todo pasa y, aunque alguno a lo peor creía que ya no iba a volver, aquí estoy de nuevo. Y bastante preocupado.
Durante estos meses de “ausencia” esta España de mis entretelas ha dado para mucho, tanto en lo político, como en lo social: corrupción, crisis, secuestros, gripe A, etc. Como muchos de estos temas siguen y seguirán de actualidad, tiempo habrá para ocuparme de ellos.
Pero un suceso acaecido en estos últimos días me tiene, si es posible, más preocupado que ninguno de los anteriores.
Me estoy refiriendo al vergonzoso espectáculo que una parte importante de nuestra sociedad ha dado en el caso de la muerte de la niña de tres años de Arona (Tenerife) y la forma en que se ha hecho saltar en pedazos uno de los fundamentos de un estado garantista en lo judicial como es el que establece nuestra Constitución de 1978.
La condena sin juicio que una parte de la sociedad, alentada por lo más denigrante de la profesión periodística de este país, ha pronunciado contra el novio de la madre de Aitana, es lo más vergonzoso que he presenciado en mucho tiempo. Las imágenes de la detención de un joven de 24 años, Diego P.V., esposado e insultado a la entrada de la comisaria y de los juzgados, me hace dudar de que vivamos en un auténtico estado de derecho.
La portada del diario ABC con una fotografía a toda página y el titular “La mirada del asesino de una niña de tres años”, es un ejemplo del peor y más repugnante “periodismo” de baja estofa, a la vez que un posible delito.
Podríamos repasar otros titulares y noticias sobre el tema de similares características, pero que creo que con el de ABC puede ser suficiente.
¿Dónde ha quedado la presunción de inocencia? ¿Dónde ha quedado el principio jurídico que establece que nadie puede ser declarado culpable sino tras la celebración de un juicio justo y con todas las garantías? “La mirada del asesino…….”, ¿quién le ha condenado?, ¿cuándo se ha celebrado el juicio?
En los días inmediatamente posteriores a su detención, un aluvión de personas, algunas con responsabilidades políticas, se han lanzado a una carrera para ver quién era el que más fuerte y con más argumentos pedía que “caiga sobre él todo el peso de la ley”. Me pregunto: ¿sin juicio?, ¿sin condena?, ¿sin derecho a defensa?
Y todo ello aireado y multiplicado por los medios de comunicación.
No escuché en esos días ni una sola referencia a la presunción de inocencia de Diego.
¡Qué distinto cuando los detenidos son políticos presuntamente culpables de haber “chorizado” durante el ejercicio de sus cargos! En estos casos, todos son “presuntos”, todos tienen derecho a la “presunción de inocencia” y se llega incluso a interpelar al Ministro de Interior, sobre “el trato degradante” que ha supuesto su detención y su traslado esposados hasta el juzgado.
Seguro que muchas gentes “bien pensantes” creen que esto no va con ellos, que a ellos esto nuca les puede pasar. Se equivocan de medio a medio.
En este punto convendría recordar esos conocidos versos, atribuidos erróneamente a Bertolt Brecht pero que, en realidad, pertenecen a un sermón que un pastor luterano alemán llamado Martin Niemöller pronunció en la Semana Santa de 1946 y que tituló ¿Qué hubiera dicho Jesucristo?:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.


Seamos exigentes con el respeto a los principios constitucionales y del estado de derecho porque si no, algún día, cuando “vengan a por nosotros no habrá nadie que pueda protestar”.